Es posible que todo mundo sepa el origen y los vaivenes de la caza con la carabina del .22: alguien-según con quien hables te dan un nombre u otro- señaló, en la década de los 70, que era un arma para furtivos y se decidió prohibir su uso para la caza, contra toda lógica y contra nuestro propio contexto cultural, porque somos el único país de Europa en el que impera esta prohibición.

Desde entonces ha habido diversos amagos para volver a traer la regulación de este arma al sentido común y un par de comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha y Aragón, han intentado regular su uso cinegético, pero han topado con la Iglesia, en este caso con la  Intervención Central de Armas y Explosivos y la CIPAE.

La mayoría de las Comandancias de la Guardia Civil se han opuesto a su uso cinegético agarrándose, por los pelos, a que estas armas son definidas en el artículo 3 del Reglamento de Armas como deportivas (“ Armas de fuego largas rayadas para tipo deportivo”) sin embargo conseguimos que la ICAE, en el año 2012, reconociera que el RdeA no tenía competencia para señalar qué armas pueden utilizarse o no para la caza, ya que corresponde a la comunidad autónoma su definición, sin embargo, al darse cuenta que había un auténtico movimiento para que se permitirá cazar con el . 22 decidieron acudir “en alzada” a la CIPAE, que definitivamente señaló que sólo se podían utilizar para el tiro deportivo. Una barbaridad.

Lo gracioso es que la mayoría de las comunidades autónomas (no todas) prohíben expresamente para la caza, con una frase literal y reiterada, la “Armas de fuego largas rayadas de calibre 5,6 milímetros (22 americano) de percusión anular”, permitiendo que calibres inferiores y más silenciosos y tan  letales puedan utilizarse.

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